Presentan y acogen querella contra Luksic por extracción ilegal de agua en Paihuano

El abogado medioambientalista Luis Mariano Rendón presentó una querella en contra del empresario Andrónico Luksic por extracción ilegal de agua ante el Juzgado de Garantía de Vicuña.

Un reportaje de Ciper, publicado el viernes 19 de febrero, dio cuenta de que la empresa agrícola “El Cerrito”, controlada por el magnate y dedicada al cultivo de uva de mesa, mantenía un estanque artificial, un conducto y una bomba hidráulica para extraer agua del estero “El Derecho”, en la comuna de Paihuano, en el Valle del Elqui.

Para Rendón el actuar de “un multimillonario de escala mundial, como el señor Luksic, extraiga agua ilegalmente de una de sus empresas, es increíblemente vergonzoso“. Ya que, “el país ya sufre los impactos de la crisis climática. Cada vez la disponibilidad de agua es menor, afectando incluso al abastecimiento para el consumo humano básico. Frente a ello es necesario transformar, incluso constitucionalmente, la institucionalidad del país para gestionar esa agua cada vez más escasa”.

Asimismo, el abogado medioambientalista asegura que existe una absoluta falta de escrúpulos por parte de los grandes empresarios chilenos, quienes están “dispuestos a recurrir a cualquier cosa para despojar a las comunidades humildes o pequeños agricultores del agua que les corresponde. Ese tipo de conductas no debe quedar impune“, concluye el candidato a constituyente por el distrito 13 .

La pena establecida por el Código Penal para el delito de extracción ilegal de agua es de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir de 61 días a 3 años y un día, y una multa de 20 (un millón de pesos) a 5.000 UTM (255 millones de pesos).

ACOGEN DENUNCIA

Este martes, según la radio Guayacán, el Juzgado de Garantía de Vicuña acogió, y remitió al Ministerio Público, la denuncia penal que realizó el abogado Luis Mariano Rendón en contra de Andrónico Luksic.

SE SUMA GREENPEACE

Por su parte, Greenpeace presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de esta extracción, solicitando que «se inicien los procedimientos de investigación que sean del caso”, con el fin de determinar si la acción constituye delito.

La directora política de Greenpeace, Josefina Correa, indicó que “algunos testimonios señalan que dicha bomba había estado instalada por más de 15 años. La afectación de un robo de agua, en caso de configurarse, es de magnitudes económicas, sanitarias y humanas inconmensurables que el Ministerio Público debe investigar en el uso de sus facultades”.