Contraloría comprueba que Municipalidad de Paihuano entregó permisos de circulación a vehículos con multas

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Antecedentes fueron enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Anuncian sumario para determinar responsabilidades en varias “improcedencias” que involucran más de $408 millones. Asesorías e Inversiones Don Gaspar Limitada implicada.

Una serie de irregularidades en la administración de la Municipalidad de Paihuano, que lidera el alcalde Hernán Ahumada (RN), detectó y comprobó una auditoría realizada por la Contraloría Regional de Coquimbo a los ingresos percibidos por permisos de circulación, entre otras.

Los principales hallazgos se encuentran en los convenios de colaboración y en los pagos efectuados a proveedores contratados para emitir permisos de circulación, entre enero y diciembre de 2023.

En dicho periodo, el municipio emitió documentos de circulación para vehículos con multas de tránsito vigentes por un monto superior a los 50 millones de pesos ($51.220.990), lo que está prohibido. Entre otras irregularidades, están involucrados más de 408 millones de pesos.

Trato directo irregular

También se constató que la administración autorizó la contratación -mediante trato directo- a la empresa Asesorías e Inversiones Don Gaspar Limitada, por $75.000.000, para la asistencia técnica, asesoría e implementación de una plataforma de emisión y supervisión de permisos de circulación.

Sin embargo, el decreto que aprobó el trato directo fue efectuado una vez que la empresa ya estaba prestando servicios. Además, según las actividades comerciales registradas en la página del Servicio de Impuestos Internos a la fecha de la contratación, la empresa contaba con dos actividades comerciales en la entidad edilicia de manera posterior a la contratación con la municipalidad.

Incumplimiento de contrato

Adicionalmente, se determinó que el municipio adjudicó al mismo proveedor la “administración, seguimiento, supervisión, mantención y cumplimiento de convenios celebrados con grandes contribuyentes en materia de obtención de permisos de circulación”, por lo que desembolsó otros $195.000.000. Sin embargo, al menos durante 2023, no se implementó en dicha comuna una plataforma de emisión de permisos de circulación, pese a que así lo establecía el contrato con la empresa. Además, revisados los expedientes de egreso y antecedentes que sustentaron las certificaciones por los servicios prestados por el proveedor, no se encontró documentación que respaldara la recepción de las prestaciones. Incluso, en algunos casos, contenía errores de referencia, sostiene la auditoría.

Firma electrónica del alcalde

Otro de los hallazgos de la Contraloría Regional dejó en evidencia que la empresa Asesoría e Inversiones Don Gaspar Limitada tuvo acceso directo a la firma electrónica avanzada del alcalde y de la tesorera municipal para suscribir el pago de los permisos de circulación, lo que significó una externalización o traspaso a un particular del otorgamiento y renovación de los permisos. Esta situación resulta improcedente, ya que esta labor es propia de la función pública municipal, por lo que debe ser desarrollada única y exclusivamente por funcionarios del municipio.

Por otro lado, se determinó que la entidad municipal contrató los servicios profesionales para la función de digitalización de permisos de circulación por $22.988.504, sin impuesto, comprometiéndose, además, a realizar gestiones necesarias para coordinar la correcta emisión y reportar sobre los ingresos de los mismos, advirtiéndose que los informes de prestación de servicios entregados por ambos, los cuales fueron aprobados por el Administrador Municipal no dan cuenta de que se hayan efectuado las labores contratadas.

Sellos verdes sin control

Según el informe, durante 2023 se efectuaron compras bajo la modalidad de trato directo por 24.765 unidades de sellos verdes a la Casa de Moneda de Chile S.A., equivalentes a $36.837.938, impuesto incluido. La CGR indagó en la Unidad de Tránsito del municipio y, efectuada la revisión de los sellos verdes mantenidos en el inventario (4.164 unidades), más los sellos rendidos por ICAR S.A. (2.722 unidades), se determinó que faltaban 17.879 unidades, equivalentes a $26.603.952, impuesto incluido.

Al respecto, se determinó que el Departamento de Adquisiciones de Paihuano autorizó el retiro de sellos verdes trabajadores de la empresa Asesorías e Inversiones Don Gaspar Limitada, ante la Casa de Moneda de Chile, lo que impide cumplir con el deber de custodia del municipio.

Se comprobó que los permisos de circulación, una vez emitidos, eran puestos a disposición del municipio mediante la incorporación de éstos a una nube o repositorio donde se cargaban junto con la documentación asociada, para luego ser rescatados por el personal municipal y registrados en el sistema del municipio CAS Chile. Sin embargo, la municipalidad no contaba con medidas para controlar que todos los permisos emitidos fueran informados y cargados en el sistema, conllevando el riesgo de que se emitieran permisos de circulación a nombre de la municipalidad sin que se hayan registrado en los sistemas o que se hubiesen entregado sin los requisitos legales.

Viático improcedente

Otro hallazgo de la CGR se vincula con la sobre concentración de funciones del administrador municipal. En ese sentido, el informe señala que dicho funcionario participó en varias etapas del convenio celebrado con la empresa encargada del proceso de entrega de permisos.

Así, se constató que entre las múltiples acciones que desarrolló dicho administrador municipal figuran cometidos a la ciudad de Santiago, con el supuesto propósito de recaudar ingresos asociados al mencionado convenio.

“Al ser consultado sobre las razones que sustentan que haya realizado dichos viajes, responde que esta forma de operar se fundamenta en el hecho de que algunas automotoras (grandes contribuyentes) pagan con tarjetas de crédito y en cuotas los permisos de circulación, lo que fundamenta que el Administrador Municipal concurra presencialmente a recaudar dichos ingresos mediante aparato de la empresa Transbank, argumento que utilizó la empresa Asesorías e Inversiones Don Gaspar Limitada para proceder de esa manera”, indica el informe.

No obstante, la CGR detectó que el funcionario municipal, al momento de realizar los cometidos, no contaba con póliza por valores fiscales. Asimismo, dichos cometidos tuvieron un costo asociado de $766.583. Al respecto, el municipio no entregó respuesta a la observación.